Nuestro grupo municipal en el Ayuntamiento ha presentado una moción para ser debatida en el próximo Pleno Ordinario, para que la Junta de Andalucía abone la deuda de 1,15 millones de euros que tiene con nuestro pueblo por los atrasos en la PATRICA. Pedimos al resto de grupos que apoyen esta moción y que todos a una exijamos lo que nos pertenece.
El artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía contempla la aprobación de una ley en la que se regule la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, instrumentada a través de un fondo de nivelación municipal de carácter incondicionado.
En el año 2011 se aprobó esta ley que en su preámbulo recoge: “la presente ley regula la colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales de su territorio, a través de la participación de estas en los recursos económicos de aquella, sobre la la base de los principios de eficacia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional”.
Hay que recordar, tras seis presupuestos de la Junta desde su aprobación, que esta Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía establecía en su Artículo 4 para la dotación del fondo lo siguiente:
La realidad es que el fondo inicial de 420 millones de euros se subió en 60 millones en el ejercicio 2012 elevándose así a 480 millones de euros y desde entonces permanece congelado. Los Ayuntamientos andaluces han soportado la pérdida por el incumplimiento claro de esta ley de un total de 540 millones para este año 2017 y que se convertiría en 660 millones de aprobarse el proyecto de presupuestos de 2018 formulado.
Este incumplimiento de la Ley aprobada en el Parlamento en el año 2010 en cumplimiento de los previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía se ha convertido a estas alturas en una verdadera Deuda Histórica con los Ayuntamientos de la Junta de Andalucía, algo que no se comprende ni se justifica con la crisis económica ni con los planes de ajuste. Para este 2017, el propio Consejero de Presidencia se jactaba al presentar el proyecto de presupuestos de que “el Plan de Cooperación Municipal contará con una financiación de 1.056,2 millones de euros, lo que supone un notable incremento del 8,9 por ciento, por encima del aumento que experimenta el Presupuesto total de la Junta, que lo hace del 6,2 por ciento.”
Es decir, en palabras del propio Consejero, se subía la cooperación de la Junta con los Ayuntamiento, pero lo hacían en los fondos condicionados y no en los fondos incondicionados. Incumpliendo claramente las previsiones estatutarias y a propia ley, apostando por una política de subvenciones finalistas que sigue debilitando la autonomía y el poder local y relegando a las entidades locales a un papel subsidiario.
Hay que tener en cuenta que los ingresos no financieros de la Junta de Andalucía han pasado de 25.474.920.914 en el año 2014 a 29.768.040.996 en el anteproyecto de presupuestos para 2018. Es decir, el esfuerzo que la Junta de Andalucía hacía para pagar la PATRICA en el año 2014 era del 1,85 % de los ingresos no financieros totales y en el año 2018 este esfuerzo se reduce al 1,61 %. Con lo que podemos concluir que la apuesta por la financiación incondicionada de los Ayuntamientos NO SE HA CONGELADO, sino que ha DISMINUIDO considerablemente. O dicho de otra manera más gráfica, mientras los ingresos no financieros han aumentado en un 16,85 % desde 2014, la PATRICA seguirá congelada si no se modifica el proyecto de presupuestos para 2018.
Para este 2018, no solo podemos hablar de que se tutoriza a los Ayuntamientos como si aún fuesen menores de edad, siendo sus fondos distribuidos y gestionados por administraciones superiores, sino que con la rebaja de impuestos directos a las rentas más altas pactadas entre PSOE y C’s con el beneplácito del PP, la hacienda pública andaluza sufre un varapalo de más de 700 millones de euros, situación que va minando lentamente los pilares básicos que sustentan la administración pública, el reparto de la riqueza para garantizar servicios públicos de calidad.
A estas alturas y después de décadas de Ayuntamientos democráticos todavía estamos en un reparto del gasto del Estado de un 54 %, las CCAA un 35 % y las EELL de un exiguo 13 %. Muy lejos del 50/25/25 que, como reivindicación y debate eterno, establece la FEMP y la FAMP. Es decir, las CCAA si han conseguido, en buena medida, su parte del gasto público, pero ha sido a costa de seguir relegando a un segundo plano la financiación municipal.
Por todo lo anterior
Se propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de los siguientes acuerdos:
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