El pasado 7 de octubre pusimos en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla las posibles irregularidades que la empresa municipal de gestión urbanística, Gusam, viene realizando desde el año 2010, por no presentar facturas de los trabajos realizados al Ayuntamiento, como debería hacer cualquier sociedad anónima.
Desde que Manuel Domínguez, actual portavoz del PSOE visueño, y diputado en Sevilla, se hiciese con la Concejalía de Urbanismo en 1999, hemos asistido al desmantelamiento de este área en favor de Gusam. Actualmente, la empresa pública de gestión urbanística se hace cargo de la mayor parte de los trabajos que debía solventar Urbanismo.
En una maniobra poco clara y con visos de ilegalidad, Domínguez, con el beneplácito del Alcalde, Manuel García, mantiene activa una empresa claramente deficitaria, pero que sirve de coladero para contratar personal que, de otra forma, se vería obligado a pasar y superar unas pruebas de conocimientos y aptitudes.
Contraviniendo el artículo 24.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, el PSOE visueño aún no ha llevado a Pleno, por tanto no se han aprobado, las tarifas con las cuales Gusam tiene que facturar al Ayuntamiento los servicios y trabajos realizados, al igual que lo haría cualquier otra empresa. Este requisito es recogido por la secretaria municipal en un informe y corroborado por los servicios jurídicos de la Diputación de Sevill. Pero nos encontramos que durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, Gusam no facturó ningún servicio o trabajo de los que realizó para el municipio durante ese período. Esta situación ha provocado que la Empresa haya tenido en los últimos años unas enormes pérdidas que la dejan al borde de la quiebra.
Para paliar esta situación, los responsables de Gusam, el Alcalde, Manuel García, y el diputado Manuel Domínguez, pretenden suplir la ausencia de facturación y de retribución por los servicios y trabajos prestados mediante transferencias financieras (subvenciones) del Ayuntamiento a la Sociedad Anónima, que sería factible mientras tenga pérdidas: la pescadilla que se muerde la cola, ya que si no factura, siempre tendrá pérdidas.
Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, la carga de trabajo de Gusam descendió tanto que, para justificar su mantenimiento, esta Empresa Municipal pasó a declararse Medio Propio en 2009 por el Pleno Municipal, posibilitando que se hiciese cargo de las gestiones que pertenecen a Urbanismo sin tener que salir a licitación pública los trabajos o servicios encomendados, además también debería de haberse aprobado las tarifas que mencionamos anteriormente.
La gestión de Domínguez frente a Gusam es, y ha sido, a todas luces, un claro ejemplo de “dedocracia”, donde la ausencia de democracia, transparencia y claridad han sido la tónica predominante estos años, y lo expuesto no viene sino a reforzar esta imagen.
Por todo ello, desde IU creemos que es de una claridad meridiana que los servicios y trabajos realizados por Gusam implican un precio que debe facturarse. Y de ninguna manera el citado precio puede ser sustituido por transferencias de financiación (lo que en última instancia vaciaría de contenido la propia declaración de Gusam como Medio Propio). A esto hay que sumar, que esta manera de actuar podría suponer una inadecuada utilización de caudales públicos tal y como se constata en un informe de la propia Secretaría General del Ayuntamiento, realizado con fecha 29 de junio de 2012, que se redactó para la realización de un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y Gusam, y que nunca llegó a firmarse.
Izquierda Unida viene denunciando esta situación desde 2010. De hecho, el que fuera nuestro representante en el Consejo de Administración, Javier Santos, se ha negado, reiteradamente, a firmar las cuentas anuales que desde Gusam se han presentado esos años adjuntando una motivación razonada. Tras apreciar y comprobar que no hay intención de rectificar esta situación, IU presentó el pasado 7 de octubre un escrito ante la Fiscalía poniendo en conocimiento de la misma estos hechos, dejando en sus manos el considerar si hay indicios suficientes para considerarlo como delito, tomando las medidas oportunas para intervenir en ese supuesto, esclareciendo la situación y depurando responsabilidades en caso necesario.
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